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Leyendo el Proyecto de Reforma Constitucional (VII)

Publicado: 2018.11.18 - 14:05:39   /  web@radiorebelde.icrt.cu  /  Dra. Ana Teresa Badía Valdés
  

Leyendo el Proyecto de Reforma Constitucional (VII)En el Capítulo III, los principales acápites están referidos a los derechos sociales, económicos y culturales que son expresión de la continuidad en las garantías esenciales que ha priorizado el proceso revolucionario cubano. Resumimos algunos de sus artículos:

ARTÍCULO 67. El Estado protege a las familias, la maternidad, la paternidad y el matrimonio.

El Estado atribuye a las familias, concebidas como células básicas de la sociedad, responsabilidades y funciones esenciales en la educación y formación de las nuevas generaciones y el cuidado y atención de los adultos mayores.

ARTÍCULO 68. El matrimonio es la unión voluntariamente concertada entre dos personas con aptitud legal para ello, a fin de hacer vida en común. Descansa en la igualdad absoluta de derechos y deberes de los cónyuges, los que están obligados al mantenimiento del hogar y a la formación integral de los hijos mediante el esfuerzo común, de modo que este resulte compatible con el desarrollo de sus actividades sociales.

La ley regula la formalización, reconocimiento, disolución del matrimonio y los derechos y obligaciones que de dichos actos se derivan.

ARTÍCULO 69. Todos los hijos tienen iguales derechos, sean habidos dentro o fuera del matrimonio.

Está abolida toda calificación sobre la naturaleza de la filiación.

El Estado garantiza, mediante los procedimientos legales adecuados, la determinación y el reconocimiento de la paternidad.

ARTÍCULO 70. Los padres tienen la obligación de dar alimentos a sus hijos, asistirlos en la defensa de sus legítimos intereses y en la realización de sus justas aspiraciones, así como contribuir activamente a su educación y formarlos integralmente como ciudadanos con valores morales, éticos y cívicos, en correspondencia con la vida en nuestra sociedad socialista.

Los hijos, a su vez, están obligados a respetar y atender a sus padres.

ARTÍCULO 71. La violencia familiar, en cualquiera de sus manifestaciones, se considera destructiva de la armonía y unidad de las familias y resulta punible.

ARTÍCULO 72. El Estado, la sociedad y las familias protegen y prestan especial atención a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos.

ARTÍCULO 73. El Estado, la sociedad y las familias tienen la obligación de proteger y asistir a los adultos mayores en lo que a cada uno corresponde y de promover su integración social.

ARTÍCULO 74. El Estado, la sociedad y las familias tienen la obligación de proteger y asistir a las personas con algún tipo de discapacidad.

El Estado garantiza las condiciones requeridas para su rehabilitación o el mejoramiento de su calidad de vida.

ARTÍCULO 75. La persona en condición de trabajar tiene derecho a obtener un empleo digno, en correspondencia con su elección, calificación, aptitud y exigencias de la economía y la sociedad.

ARTÍCULO 76. El trabajo se remunera en función de la cantidad, complejidad, calidad y resultados obtenidos, expresión del principio de distribución socialista “de cada cual según su capacidad, a cada cual según su trabajo”.

Todas las personas reciben el mismo salario por trabajo de igual valor.

ARTÍCULO 77. Se prohíbe el trabajo de las niñas, los niños y los adolescentes.

El Estado les brinda especial protección a aquellos adolescentes de 15 y 16 años de edad que, en circunstancias excepcionales definidas en la ley, son autorizados a incorporarse al trabajo, con el fin de garantizar su formación integral.

ARTÍCULO 78. El que trabaja tiene derecho al descanso, que se garantiza por la jornada de trabajo de ocho horas, el descanso semanal y las vacaciones anuales pagadas.

La ley define aquellos otros supuestos en los que excepcionalmente se pueden aprobar jornadas diferentes de trabajo, con respeto al descanso.

ARTÍCULO 79. Se reconoce el derecho a la seguridad social. El Estado, mediante el sistema de seguridad social, garantiza la protección adecuada de todo trabajador impedido de laborar por su edad, maternidad, paternidad, invalidez o enfermedad.

En caso de muerte del trabajador, el Estado brinda similar protección a su familia.

ARTÍCULO 80. El Estado garantiza el derecho a la protección, seguridad y salud en el trabajo mediante la adopción de medidas adecuadas para la prevención de accidentes y enfermedades profesionales.

El que sufre un accidente en el trabajo o contrae una enfermedad profesional tiene derecho a la atención médica y a subsidio o jubilación en los casos de incapacidad temporal o permanente de trabajo.

ARTÍCULO 81. El Estado, mediante la asistencia social, protege a las personas sin recursos ni amparo, no aptas para trabajar, que carezcan de familiares en condiciones de prestarle ayuda; y a las familias que, debido a los bajos ingresos que perciben, así lo requieran, de conformidad con la ley.

ARTÍCULO 82. Se reconoce el derecho de las personas a una vivienda digna.

El Estado trabaja para hacer efectivo este derecho mediante programas de construcción de viviendas, con la participación de entidades y de la población, en correspondencia con las normas del ordenamiento territorial y urbano y las leyes.

ARTÍCULO 83. La salud pública es un derecho de todas las personas.

El Estado garantiza el acceso y la gratuidad de los servicios de atención, protección y recuperación.

La ley define el modo en que los servicios de salud se prestan.

ARTÍCULO 84. La educación es un derecho de todas las personas y una responsabilidad del Estado, la sociedad y las familias.

El Estado garantiza a sus ciudadanos servicios de educación gratuitos y asequibles para su formación integral, desde el preescolar hasta la enseñanza universitaria de pregrado, conforme a las exigencias sociales y a las necesidades del desarrollo económico-social del país.

La ley define, entre otras cuestiones, el alcance de la obligatoriedad de estudiar y la preparación general básica que, como mínimo, debe adquirir todo ciudadano.

Se garantiza la formación posgraduada y la educación de las personas adultas, de conformidad con las regulaciones establecidas.

ARTÍCULO 85. Las personas tienen derecho a la educación física, al deporte y a la recreación como elementos esenciales de su calidad de vida.

Los planes de estudio del sistema nacional de educación garantizan la inclusión de la enseñanza y práctica de la educación física y el deporte como parte de la formación integral de la niñez, la adolescencia y la juventud.

El Estado trabaja para garantizar los recursos necesarios dedicados a la promoción y práctica del deporte y la recreación del pueblo, así como para la preparación y desarrollo de los talentos deportivos.

ARTÍCULO 86. Todas las personas tienen derecho a vivir en un medio ambiente sano y equilibrado.

El Estado protege el medio ambiente y los recursos naturales del país.

Reconoce su estrecha vinculación con el desarrollo sostenible de la economía y la sociedad para hacer más racional la vida humana y asegurar la supervivencia, el bienestar y la seguridad de las generaciones actuales y futuras.

ARTÍCULO 87. Todas las personas tienen derecho al agua, con la debida retribución y uso racional.

El Estado trabaja para garantizar el acceso al agua potable y a su saneamiento, en correspondencia con el desarrollo económico y social alcanzado.

ARTÍCULO 88. Se reconoce el derecho de las personas a la alimentación. El Estado trabaja para alcanzar la seguridad alimentaria de toda la población.

ARTÍCULO 89. Todas las personas tienen derecho a consumir bienes y servicios de calidad y que no atenten contra su salud, y a acceder a información adecuada y veraz sobre estos, así como a recibir un trato equitativo y digno de conformidad con la ley.

ARTÍCULO 90. Todas las personas tienen derecho a participar en la vida cultural y artística de la nación.

El Estado promueve la cultura y las distintas manifestaciones artísticas, de conformidad con la política cultural y la ley.

CAPÍTULO IV: DERECHOS Y DEBERES CÍVICOS Y POLÍTICOS

ARTÍCULO 91. El ejercicio de los derechos y libertades previstos en esta Constitución implican responsabilidades. Son deberes de los ciudadanos cubanos, además de los otros establecidos en esta Constitución y las leyes:

a) servir y defender la Patria;
b) cumplir la Constitución y demás leyes de la nación;
c) contribuir a los gastos públicos en la forma establecida por la ley;
d) guardar el debido respeto a las autoridades y sus agentes;
e) prestar servicio militar y social de acuerdo con la ley;
f) respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios;
g) conservar y proteger los bienes y recursos que el Estado y la sociedad
ponen al servicio de todo el pueblo;
h) cumplir los requerimientos establecidos para la protección de la
salud y la higiene ambiental;
i) proteger los recursos naturales y el patrimonio cultural e histórico
del país y velar por la conservación de un medio ambiente sano, y
j) actuar, en sus relaciones con las personas, conforme al principio de
solidaridad humana y respeto a las normas de una correcta convivencia social.

ARTÍCULO 92. El ciudadano cubano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder del Estado, en razón a esto puede, de conformidad con la Constitución y las leyes:

a) estar inscripto en el registro electoral;
b) proponer y nominar candidatos;
c) elegir y ser elegido;
d) participar en elecciones, plebiscitos, referendos, consultas populares y otras formas de participación democrática;
e) pronunciarse sobre la rendición de cuenta que le presentan los elegidos;
f ) revocar el mandato de los elegidos;
g) ejercer la iniciativa legislativa y de reforma de la Constitución;
h) desempeñar funciones y cargos públicos, y
i) estar informado de la gestión de los órganos y autoridades del Estado.


CAPÍTULO V: DERECHOS Y DEBERES DE LOS EXTRANJEROS

ARTÍCULO 93. Los extranjeros residentes en el territorio de la República se equiparan a los cubanos:

a) en la protección de sus personas y bienes;
b) en la obligación de observar la Constitución y la ley;
c) en la obligación de contribuir a los gastos públicos en la forma y la cuantía que la ley establece;
d) en la sumisión a la jurisdicción y resoluciones de los tribunales de justicia y autoridades de la República, y
e) en el disfrute de los derechos y el cumplimiento de los deberes reconocidos en esta Constitución, bajo las condiciones y con las limitaciones que la ley fija.
La ley establece los casos y la forma en que los extranjeros pueden ser expulsados del territorio nacional y las autoridades facultadas para decidirlo.

 
 
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