El proyecto de Constitución de la República de Cuba, debatido este sábado en sesión ordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), propone la aprobación de 224 artículos, 87 más que los contenidos en la actual Carta Magna, refrendada en 1976.

Homero Acosta, secretario del Consejo de Estado y miembro de la comisión que trabajó en la elaboración del texto, informó que el incremento se debe fundamentalmente a las nuevas estructuras del Estado, además señaló que de igual manera, 113 artículos se modifican y 13 se eliminan.

Destacó la utilidad de las jornadas previas de preparación de los diputados respecto al tema y precisó que su estudio no concluye con la sesión de la Asamblea, sino que debe de ser un proceso continuo que les permita, tras la consulta popular, ejercer su poder legislativo.

Puntualizó que el proyecto no es el resultado del trabajo de un mes de la comisión, sino que da continuidad a un amplio programa de trabajo que se desarrolla desde 2013, el cual incluyó el estudio de las experiencias de Vietnam y China y de las constituciones de naciones de Latinoamérica.

Reafirmó que el alcance de la reforma es total, amparado en la facultad constituyente de la ANPP, y que este proceso no tiene similar en la historia del país ni del mundo, pues las opiniones del pueblo también se tendrán en cuenta para la elaboración de la versión final de la Constitución.

La nueva Carta Magna, precisó, tendrá un alcance superior, así como también trascendencia histórica y política para la continuidad de la Revolución y el fortalecimiento del Socialismo.

Es un texto pensado en el momento actual y con visión de futuro, explicó, y comentó que incorpora desde el preámbulo el ideario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.

Aclaró que la Constitución es una norma de contenido general y por tanto no se puede esperar que desde ella se resuelva todo el ámbito del derecho, ni que pueda enmendarse asiduamente, de ahí la importancia de que tenga un lenguaje que permita una flexibilidad en su interpretación.

El texto, entre otros aspectos, prevé la obligación de las instituciones estatales, sus funcionarios y empleados de respetar y atender al pueblo, y mantener estrechos lazos con este; destaca una aplicación importante de los derechos ciudadanos y garantías fundamentales, a la vez que potencia la autonomía de los municipios.