La necesidad de que el Estado cubano promueva políticas y medidas económicas para garantizar a los ciudadanos el acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones fue uno de los planteamientos realizados por los trabajadores de la Agencia Cubana de Noticias (ACN), durante el análisis del Proyecto de Constitución que se realiza en todo el país.

Jorge Legañoa Alonso, vicepresidente de la Unión de Periodistas de Cuba, significó que tales disposiciones incorporarían al cuerpo de la Ley de Leyes, de una manera más explícita, políticas ya aprobadas en el país como la de informatización y comunicación, en consonancia con los tiempos que se viven.

En la necesidad de especificar los principios de la libertad de prensa y de la política de comunicación, ya aprobada, se centraron otros planteamientos como los de Antón Vélez Bichkov, quien afirmó que es necesario definir en qué consistirá ésta y cómo se podrá ejercer.

Héctor García Torres propuso la adición al Artículo 60, de que el Estado reconozca las iniciativas personales de los ciudadanos que decidan consumir, generar y difundir información u opiniones socialmente relevantes sobre su realidad, basado en los derechos reconocidos en los artículos 59, 61 y 65.

Vélez Bichkov propuso también que en el texto se incluyera un acápite que explique el alcance y la aplicabilidad de la Carta Magna, pues esta tiende a derivar en otras leyes que pueden existir o no.

Orestes González Caballero señaló la necesidad de ampliar el campo de acción donde el Estado ejerce su soberanía, pues en su opinión también debería incluir el espacio radioeléctrico, porque es en esa plataforma que principalmente el enemigo le hace la guerra a Cuba.

Fueron varios los participantes que se pronunciaron a favor de la existencia de un artículo referido a la protección animal, y asimismo fue reiterada la proposición de que la eutanasia sea considerada como un derecho.

Durante el encuentro hubo pronunciamientos para que en la Asamblea Nacional del Poder Popular no puedan tomar parte como diputados los miembros del Consejo de Ministros o de dirección de órganos a nivel nacional, sino solo en calidad de observantes o invitados, en aras de que las comisiones de trabajo dentro de la institución trabajen de manera eficiente y exista una separación real y legal que permita a la Asamblea ejercer la más alta fiscalización sobre los órganos del Estado.

Otras cuestiones que analizaron fueron las relativas a los conceptos de Patria y traición a la misma, las formas de propiedad, acumulación de riquezas, las implicaciones de la ciudadanía múltiple y lo que trae consigo la renuncia a la cubana, y en qué contexto es válida la privación de la patria potestad.

Se abogó de igual forma porque el Estado y sus órganos y organismos informen con transparencia de su gestión al pueblo, y que este pueda ejercer con mayor autoridad, la fiscalización del ejercicio del gobierno.

Hubo planteamientos a favor de extender a tres los mandatos presidenciales, y de no restringir a 60 años la posibilidad de resultar electo a un primer mandato.

Salió a relucir durante el debate la aspiración a que los gobernadores y el presidente de la República sean elegidos directamente por el pueblo, y se alegó la necesidad de elevar a 18 años la edad electoral, pues es a partir de ese momento que una persona puede ser elegida.

Finalmente la periodista María Elena Álvarez Ponce propuso someter a consulta la ley electoral que se derive de esta Constitución.