Comienza sesión plenaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular
En una jornada de alto compromiso revolucionario, el Sexto Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), correspondiente a su X Legislatura, comenzó este jueves mediante videoconferencia.
Esta sesión, que cuenta con la presencia –mediante videoconferencia– del General de Ejército Raúl Castro Ruz, líder al frente de la Revolución Cubana, y del Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, examinará asuntos vitales para la vida política y económica del país.
El debate reflejará la fortaleza de nuestra democracia participativa y el permanente vínculo de los representantes populares con las aspiraciones de la ciudadanía.
Esteban Lazo, presidente del Parlamento, señaló que los diputados participan a través de videoconferencia en salas dispuestas para ese fin, excepto aquellos de La Habana y la Isla de la Juventud que lo hacen desde el Palacio de Convenciones, junto a los de otras provincias presentes en la capital.
Agregó que se debatirán asuntos de gran relevancia e interés supremo del pueblo al cual representa la ANPP, por lo que estos se abordarán con la mayor responsabilidad.
Destacó en el Orden del día los temas relacionados con la economía y el presupuesto, y los que corresponden al cronograma legislativo.
Asimismo, transmitió las condolencias por la muerte de Ricardo Cabrisas Ruiz, quien al fallecer se desempeñaba como vice primer ministro de la República, y de Eduardo Torres Cuevas, a los cuales se les rindió un minuto de silencio.
Significó que, en el plano internacional, EE. UU. despliega un grupo de acciones militares que ponen en peligro la paz de la región con el propósito de desestabilizar el gobierno de Venezuela, por lo que ratificó el apoyo a la Declaración emitida por el Parlamento.
Declaración de la Asamblea Nacional del Poder Popular sobre escalada de la agresión del gobierno de los Estados Unidos contra la República Bolivariana de Venezuela
Las diputadas y diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular de la República de Cuba condenamos enérgicamente el reciente acto de piratería y terrorismo marítimo llevado a cabo por el gobierno de los Estados Unidos en aguas internacionales del mar Caribe, el pasado 10 de diciembre, cuando fuerzas militares de ese país asaltaron un buque petrolero, cerca de las costas de Venezuela.
Condenamos también la decisión del gobierno de los Estados Unidos de imponer un pretendido bloqueo naval contra la República Bolivariana de Venezuela para impedir el libre comercio de hidrocarburos, lo cual constituye una gravísima violación del Derecho Internacional y la Carta de las Naciones Unidas, a la vez que quebranta la paz en la región.
Estas acciones se inscriben en la estela de provocaciones y agresiones del actual gobierno estadounidense contra la hermana República Bolivariana de Venezuela, que ha escalado a partir de su desproporcionado e injustificado despliegue militar en el mar Caribe, que pone en peligro la paz, la seguridad y la estabilidad de la región.
Son actos que violan flagrantemente los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y del Derecho Internacional, en particular, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y del Convenio para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de la Navegación Marítima. Crean un precedente muy negativo para el libre comercio internacional y la libertad de navegación entre naciones soberanas, que daña a la comunidad internacional en su conjunto, incluyendo a Cuba.
La incautación del buque, el robo de su carga y los pretextos usados para bloquear embarques petroleros, dejan al descubierto el verdadero objetivo que Washington persigue en su actuación cada vez más agresiva contra Venezuela, que no es otro que tomar el control de sus inmensos recursos naturales, a través de un incremento de la presencia militar de los Estados Unidos en la región y con el uso de instrumentos de fuerza, como parte de su nueva Estrategia de Seguridad Nacional y del “Corolario Trump” que reivindica la nefasta Doctrina Monroe.
Recordamos que la región de América Latina y el Caribe fue proclamada como Zona de Paz por todos los Jefes de Estado y Gobierno de la región, en la II Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), celebrada en La Habana, en 2014. Esta Proclama mantiene plena vigencia, y debe ser respetada. Es una obligación de todos los gobiernos ante nuestros pueblos.
Las diputadas y diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular de la República de Cuba llaman a los pueblos y Parlamentos del mundo a condenar con firmeza esta escalada en la agresión contra la nación bolivariana.
Es nuestro deber movilizarnos en el repudio de estas prácticas de piratería moderna, en la denuncia de la amenaza y uso de la fuerza, en el llamado a detener las criminales intenciones de la Casa Blanca contra la hermana Venezuela, y en defensa de la paz, la seguridad y la estabilidad de Nuestra América.
La Habana, 18 de diciembre de 2025.
Toman posesión nuevos diputados
Como parte de este Periodo Ordinario de Sesiones, tomaron posesión ocho nuevos diputados.
Elena González Desdín, presidenta nacional de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU), en representación de los electos reafirmó el compromiso con la justicia social y la defensa de la Patria.
Los ocho nuevos diputados son:
Litza Elena González Desdín, quien se desempeña como presidenta nacional de la Federación Estudiantil Universitaria, diputada por Calixto García, Holguín.
Vivian de Guadalupe Leal Cuesta, diputada por el municipio de Diez de Octubre, La Habana.
Yipsy Romo Varona, diputada por San Miguel del Padrón, La Habana.
Oscar Pérez Oliva Fraga, diputado por Marianao, La Habana.
Yasel Toledo Garnache, diputado por Santiago de Cuba.
Niurka García Lorenzo, diputada por Chambas, Ciego de Ávila
Ana María Baro, diputada por Camagüey
Roberto Javier Manuel, diputado por Manuel Támes, Guantánamo
Movimiento de cuadros de órganos del Estado
El Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, presentó a la aprobación de la Asamblea la propuesta de liberación del compañero Rubén Remigio Ferro, quien durante 27 años desempeñó la responsabilidad de presidente del Tribunal Supremo Popular.
Reconoció la trayectoria del compañero Remigio Ferro como cuadro del sistema judicial, el cual lideró este órgano con dinamismo, creatividad y exigencia, manifestando su alto compromiso y sentido de responsabilidad.
Como consecuencia, se somete a la elección de esta Asamblea como presidente del Tribunal Supremo Popular al compañero Oscar Silvera Martínez, actual ministro de Justicia.
«Oscar ha desempeñado de forma ascendente diferentes responsabilidades como presidente del Tribunal Municipal Popular de Bayamo, vicepresidente de los tribunales provinciales de Grama y La Habana, juez profesional titular y vicepresidente del Tribunal Supremo Popular», argumentó Díaz-Canel.
Agregó que este fue promovido al Minjus ante la necesidad de fortalecer este organismo, manteniendo la condición de reserva del Presidente del Tribunal Supremo Popular.
Se destaca por su profesionalidad, capacidad de dirección y cualidades personales. Ha trabajado intensamente al frente del grupo ejecutivo de capacidad legislativa encargado de la presentación de las normas jurídicas derivadas de la Constitución de la República de Cuba de 2019. Es diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular.
Para sustituir al compañero Oscar como ministro de Justicia, se propone a la actual viceministra primera de ese organismo, la compañera Rosabel Gamón Verde. Rosabel procede de la actividad notarial en la Dirección Provincial de Justicia de La Habana. Fue promovida sucesivamente como directora de la Junta en la Consultoría Jurídica Internacional, Directora General del Bufete Internacional y Directora General de la Consultoría Jurídica Internacional.
Desde 2010 ha ocupado responsabilidades en el Ministerio de Justicia en los cargos de asesora del ministro, viceministra y viceministra primera, respectivamente.
En ese periodo también ejerció como Segunda Jefa del Grupo Jurídico de la Comisión de Implementación y Desarrollo e integra los grupos ejecutivo y central de capacidad legislativa.
Se caracteriza por su modestia, dinamismo, compromiso y entrega incondicional al trabajo en la reserva inmediata del Ministro.
El Presidente destacó que todos los diputados recibirán una síntesis de los compañeros presentados para ocupar los cargos, lo que les facilitará complementar la información brindada.
Por su parte, Lazo Hernández informó sobre la renuncia de su condición de diputado y de Secretario de la Asamblea Nacional del Poder Popular, de Homero Acosta Álvarez. Además, presentaron sus renuncias los compañeros Ulises Guilarte de Nacimiento y Ricardo Rodríguez González, todos miembros del Consejo de Estado.
Explicó que el Consejo de Estado aceptó la renuncia de estos compañeros. Por tanto, en atención a esta situación se propone a la Asamblea cubrir la vacante de Secretario de la Asamblea Nacional del Poder Popular, y la del miembro de este propio órgano que ocupaba el compañero Ricardo Rodríguez González, quedando una plaza vacante.
Tres Proyectos de Ley a debate en el Parlamento cubano
En la agenda del Sexto Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular en su X Legislatura –que sesionará este jueves– están previstos para consulta por los diputados tres proyectos de ley que se someterán a aprobación.
Se trata de los proyectos de Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación y de Reducción Excepcional del Actual Periodo de Duración del Mandato de los Delegados a las Asambleas Municipales del Poder Popular, así como el Presupuesto del Estado para 2026.
De ser aprobadas estas leyes, 2025 podría cerrar en materia legislativa con ocho leyes y 14 decretos-leyes ratificados, para un total de 22 normas jurídicas de rango superior. Esto forma parte del complejo, intenso y amplio proceso de actualización del ordenamiento jurídico nacional tras la entrada en vigor de la Constitución de la República el 10 de abril de 2019.
Desde esa fecha a la actualidad, se han aprobado 58 leyes y 130 decretos-leyes.
Previamente, dos de los proyectos estuvieron disponibles para consulta pública en el sitio web de la ANPP, como parte de las acciones para fortalecer la participación ciudadana en el proceso legislativo y ampliar el conocimiento de la población sobre las normas jurídicas que se analizan y perfeccionan en el país.
Ciencia, Tecnología e Innovación
El Proyecto de Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación se presenta como una norma integral destinada a fortalecer el papel del conocimiento científico y tecnológico en el desarrollo económico y social del país.
Su propósito central es ordenar, promover y articular todas las actividades vinculadas a la investigación, la innovación y la transferencia de resultados, en coherencia con los principios constitucionales que reconocen a la ciencia como un pilar estratégico.
La propuesta define un marco actualizado para el funcionamiento del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación, integrando a instituciones científicas, universidades, empresas estatales y no estatales, gobiernos territoriales y otros actores sociales.
De este modo, se busca una mayor conexión entre la producción de conocimiento y las necesidades concretas de la economía, los servicios y la vida social. Uno de sus ejes principales es la prioridad al potencial humano, considerado el recurso fundamental para el desarrollo científico del país.
Prevé mecanismos para su formación, retención, reconocimiento y estímulo, con énfasis en las nuevas generaciones, la equidad de género y la inclusión de sectores tradicionalmente subrepresentados. Además, establece principios éticos claros para la actividad científica, en particular en áreas sensibles como la biotecnología, la ingeniería genética y la inteligencia artificial, subrayando la responsabilidad social de la ciencia y su contribución al bienestar colectivo.
Asimismo, reconoce el acceso al conocimiento como un derecho y promueve la ciencia abierta como bien común.
En el ámbito de la gestión, organiza los instrumentos de planificación, financiamiento y evaluación de la ciencia y la innovación, incluyendo la Estrategia Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y los programas y proyectos que la concretan, reforzando la articulación con el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social.
La propuesta impulsa la innovación empresarial, la creación de empresas de base tecnológica y el desarrollo de sectores de alta tecnología, con incentivos financieros y fiscales que favorecen la sustitución de importaciones, el incremento de exportaciones y la soberanía tecnológica.
De igual forma, reconoce la importancia de la inserción internacional de la ciencia cubana, la cooperación con otros países y la participación en redes globales de conocimiento, como vías para acceder a tecnologías avanzadas y posicionar los resultados científicos nacionales en el escenario internacional.
En palabras del ministro del Citma, Armando Rodríguez Batista, durante el espacio televisivo Mesa Redonda: «La ley es para incentivar, promover, para abrir oportunidades; estamos hablando de una ley de ciencia, tecnología e innovación y parte de la realización y de la base es la economía del conocimiento, que incluye a la empresa».
Reducción excepcional del actual período de duración del mandato de los delegados a las asambleas municipales
Esta propuesta tiene como objetivo establecer una diferencia de hasta un año entre la elección de los delegados a las asambleas municipales del Poder Popular y la de los diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular.
Además, se establece con carácter excepcional que el actual mandato de los delegados a las asambleas municipales del Poder Popular sea de cuatro años y culmine en el mes de noviembre de 2026.
La norma ratifica el papel del Consejo de Estado como órgano encargado de convocar oficialmente las elecciones para la renovación periódica tanto de la ANPP como de las asambleas municipales, una atribución que se ejerce en correspondencia con lo dispuesto en la Constitución de la República.
Presupuesto del Estado para el 2026
El Presupuesto del Estado se concibe como un instrumento clave para sostener las principales políticas sociales del país en un escenario económico particularmente complejo.
La planificación presupuestaria parte del reconocimiento de las limitaciones que enfrenta la economía nacional. Aun en ese contexto, el diseño prioriza el principio de justicia social y concentra los mayores esfuerzos en la protección de los servicios básicos que impactan directamente en la población.
Sectores como Educación, Salud Pública, Cultura, Deporte, Seguridad y Asistencia Social se mantienen como ejes centrales del gasto público, junto a los programas destinados a atender situaciones de vulnerabilidad en personas, hogares y comunidades.
La concepción del presupuesto reafirma la voluntad del Estado de no renunciar a sus compromisos sociales, incluso en condiciones adversas, y de sostener políticas orientadas a garantizar que ningún ciudadano quede desamparado.
Las proyecciones de ingresos y gastos se elaboran en correspondencia con los principios del Programa de Estabilización Macroeconómica y las directrices aprobadas para el Plan de la Economía, elementos que buscan respaldar la implementación de los lineamientos aprobados en el VIII Congreso del Partido y avanzar en los objetivos estratégicos del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta 2030.
El presupuesto ratifica, además, el papel del sistema tributario como principal fuente de financiamiento del gasto público e incorpora acciones dirigidas a la reducción gradual del déficit fiscal, como parte de los esfuerzos por fortalecer el equilibrio financiero interno y asegurar la sostenibilidad de las cuentas públicas.
La Ley del Presupuesto del Estado establece el marco para la planificación, ejecución y control de los recursos públicos durante el año fiscal, define prioridades de gasto y normas de gestión, y articula el respaldo financiero al Plan de la Economía, en función de enfrentar las complejas condiciones económicas del país sin renunciar a los principios de equidad y justicia social.
Fuente: Granma
