Nacionalizaciones en Cuba, cumplimiento del Programa del Moncada

Seis décadas y media nos separan de aquel histórico momento en que el Comandante en Jefe Fidel Castro, entonces Primer Ministro del Gobierno Revolucionario, anunció  dignamente la nacionalización de 26 empresas yanquis radicadas en Cuba.

Fue un largo y necesario discurso en la noche del sábado 6 de agosto de 1960 para explicar al pueblo las causas de aquella importante decisión, en medio del masivo acto de clausura del Primer Congreso Latinoamericano de Juventudes; para, como lo hacía tradicionalmente, reflexionar y explicar las profundas desigualdades históricas que sufría la región a raíz de la opresión colonial sobre sus pueblos.

Allí leyó detenidamente la Resolución, emanada por el Poder Ejecutivo, que dio nacimiento a la Ley Nº 851 de Defensa de la Economía Nacional, en la que “en nombre del interés nacional”, se autorizaba la nacionalización, por vía de expropiación forzosa, de los bienes o empresas, propiedad de personas naturales o jurídicas nacional de los Estados Unidos de Norteamérica.

Con ese acto, compañías petroleras como Esso Standard Oil, Sinclair Cuba Oil Company, Texaco y Shell (inglesa) se trasladaron al eje de dominio del estado cubano, por no haber accedido a refinar petróleo crudo procedente de la Unión Soviética.

En concreto, el escenario se tradujo en la nacionalización de todas las empresas de compañía eléctrica, de teléfonos y otras treinta y seis centrales azucareras que tenía Estados Unidos en la Isla, entre ellas, The Francisco Sugar Compay, The Cuban American Sugar MilI y United Fruit Company.

La reacción social ante los anuncios realizados tuvo dos grandes momentos positivos. El primero, la respuesta espontánea de los asistentes que, con gritos y aplausos apoyaron las declaraciones del Comandante en Jefe y, el segundo, los días posteriores en las calles: la gente decidió salir y manifestar su adhesión a la nacionalización. La consigna más importante por esos días era “Se llamaba, se llamaba”.

Meses más tarde, se hizo efectiva totalmente la nacionalización, incorporando a más empresas, hecho que generó, entre otras cosas, un bloqueo comercial, económico y financiero de Estados Unidos a Cuba, impulsado por la administración de Dwight Eisenhower, quien atribuyó su justificación a las expropiaciones que la nación había realizado.

Las 26 empresas expropiadas pasaron a ser administradas por el Instituto Nacional de la Reforma Agraria, a través del Departamento de Industrialización, de su Administración General de Ingenios y del del Instituto Cubano del Petróleo. Estas nacionalizaciones tenían un marcado carácter antimperialista y muy amplio apoyo popular.